La llegada del Papa en noviembre genera fricción entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia Católica, con desacuerdos sobre el formato de los actos y los gastos involucrados.
El presidente Milei ha manifestado su intención de que los eventos de la visita papal se realicen en espacios cerrados, mientras que los obispos reclaman la posibilidad de que el pontífice recorra las calles, lo que ha encendido una disputa sobre la logística del itinerario.
Además, la discusión se extiende a los costos asociados a la gira, que la Casa Rosada considera excesivos. La divergencia de posturas entre la autoridad estatal y la jerarquía eclesiástica ya está creando un clima de incomodidad en la Casa de Gobierno, anticipando posibles repercusiones políticas tras la visita del Santo Padre.
