A casi un año de la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, cientos de miles de solicitudes para acceder a una pensión por invalidez siguen sin resolución. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a información oficial, hay unas 227.354 personas ciegas, sordas o con discapacidad intelectual o motriz que todavía esperan una resolución positiva a su pedido de obtener el beneficio, pese a que ya presentaron todos los documentos requeridos. De ese total de trámites sin solución, más de 90 mil fueron iniciados durante la gestión actual. Desde diciembre de 2023, además, se entregaron sólo 8.633 pensiones, poco más de 4 mil por año; sin contar las más de 110.000 que, por otro lado, la administración libertaria dio de baja a partir de las auditorías impulsadas en su momento por el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, procesado por corrupción. Osea que, al final del recorrido, el saldo sigue siendo de ajuste. El Gobierno, en ese marco, sigue hablando de “fraude” y presentó su propio proyecto para recortar aún más el beneficio y volver atrás con los derechos adquiridos por el colectivo, en nombre del equilibrio fiscal.
