El enfrentamiento entre el Gobierno de Santa Fe y la jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, por la anulación de un allanamiento realizado sin orden judicial sumó un nuevo capítulo con el respaldo institucional del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial y con un llamado a preservar la independencia del Poder Judicial formulado por el presidente de la Corte Suprema provincial, Jorge Baclini. La controversia dejó de centrarse únicamente en el alcance de la denominada “flagrancia virtual” para convertirse en una disputa entre poderes del Estado.
